Para abordar el manejo de crisis y conflictos debe implementarse el Código de buenas prácticas laborales sobre no discriminación (CBPL), opina especialista.
De acuerdo con un informe del Servicio Civil y el Ministerio de la Mujer publicado en 2021, en Chile el año 2020 se registraron 1.288 denuncias laborales formales en el sector público. De ellas, 46,6% correspondieron a acoso laboral; 42,1% a maltrato laboral y 11,3% a acoso sexual. La mayoría de estas denuncias fueron presentadas por mujeres (72,6%).
Según comenta Natalia Möller, doctora en sicología y experta en manejo de crisis en instituciones públicas, estos datos evidencian la relevancia de generar protocolos sobre la base de la normativa vigente y preparar a los equipos psicosociales para enfrentar estas complejas situaciones con herramientas teórico-prácticas eficaces.
Si bien, agrega, hasta hace unos años se naturalizó este tipo de conductas, hoy hay conciencia de que deben rechazarse y sancionarse, privilegiando la probidad y la ética pública, ayudando a construir una sociedad igualitaria y feminista.
Ética y manejo de crisis en la administración pública
Para lograrlo, debe prepararse a los equipos laborales en manejo de crisis, conflictos y mediación. Seguidamente, dice que la generación de valor en la gestión del Estado exige que las jefaturas y directivos promuevan y actúen de acuerdo con una determinada “ética pública”, señala Natalia Möller, quien, además, es tutora y experta del curso Manejo de crisis, conflictos y mediación en instituciones públicas de Teleduc.
—¿Qué se entiende por ética pública?
“Las definiciones respecto de este concepto son variadas, pero para estos efectos acotaremos su significado al ‘conjunto de normas y costumbres que regulan el comportamiento humano en una comunidad’ ”.
“Sobre todo, en un proceso de cambios como el que vive Chile, donde debemos, en conjunto, colaborar en la integración de culturas organizacionales positivas. Esto requiere la inclusión de estrategias de mediación y resolución de conflictos, apoyando la cultura de la inclusión social, la conciliación de la vida familiar y laboral, el cumplimiento del respeto irrestricto a los Derechos Humanos de todas las personas que forman parte de la institución”.
“Por lo tanto, es necesario un adecuado manejo de herramientas que ayuden a diagnosticar el conflicto, en sus diferentes estadios. “Ello permite “usar un semáforo” para abordar las crisis y conflictos y según etapa y nivel, de acuerdo con diferentes modelos de mediación y generar planes de mediación oportunos”.
—Entonces ¿a qué se refiere el comportamiento ético en concreto?
“No solo a lo relacionado con la honestidad, sino que se extiende a la calidad y perfección del trabajo, al clima laboral, a la atención de la ciudadanía. La ética es más amplia que la censura de conductas corruptas debido a un beneficio pecuniario directo e inmediato. Exige un trabajo bien hecho y, sobre todo, una continua y constante referencia al público, a los ciudadanos, en la tarea administrativa (servicio civil)”.
Capacitación en manejo de crisis
—¿Cuáles son las prioridades en cuanto a manejo de crisis?
“En los servicios públicos de la administración central del Estado la prioridad es generar protocolos teórico-prácticos e implementar el Código de buenas prácticas laborales sobre no discriminación (CBPL). Así podrían garantizase las normas que rigen el empleo en temas tan relevantes como estrategias de aplicación de “Protocolos el acoso laboral y/o sexual”, con procesos de intervención considerando a todos los actores involucrados y las acciones específicas para cada uno de ellos”.
—¿Cómo se promueven las prácticas éticas en la administración pública?
“Ellas deben abarcar todo el marco normativo de la gestión pública, incluyendo ministerios, servicios públicos, municipios y aquellos entes que también son reguladores y fiscalizadores desde el Estado, los que se relacionan con clientes internos (organización) y externos (multinacionales, empresas, usuarios, ciudadanos, las ONG y otros), basando todo análisis desde la mirada institucional: la misión, visión y normativa vigente”.
“Dada la jerarquía que caracteriza a los organismos públicos, la capacitación en manejo de crisis y mediación debe partir por los profesionales de la gestión y desarrollo de personas y/o departamentos de recursos humanos y asociaciones de funcionarios, que es donde se encuentran los responsables de solucionar los conflictos y manejar las crisis. Luego, los conocimientos deben traspasarse a los equipos de nivel intermedio, administrativo y técnico, para generar una cultura organizacional positiva”.
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