Existen variables psicosociales que explican la corrupción de los empleados públicos. Extracto de un artículo de Natalia Möller y Paula Pavez.
Este artículo tiene por objetivo hacer una aproximación a la variables psicológicas y psicosociales intervinientes en tres casos de corrupción pública. Estos fueron detectados en un estudio realizado por el Consejo de la Transparencia en 2018. Se denominó «Diez años, diez casos ¿cómo la Ley de Transparencia ha permitido detectar casos de corrupción e irregularidades en el Estado chileno?».
Del análisis se desprende que las variables psicológicas que afectaron estos hechos de corrupción pública fueron la falta de ética organizacional, jerarquía rígida, una moral y normas disminuidas, entre otras.
Mediante el análisis de los tres casos de corrupción presentados por el Consejo para la Transparencia (2018), se destaca que existe una relación descriptiva con los estudios científicos sobre las variables psicológicas y psicosociales que intervienen en los actos de la corrupción pública o gubernamental. Según el marco referencial desarrollado por los autores Julián y Bonavia (2017; 2020).
Psicología y la corrupción de empleados públicos
Respecto a las variables psicológicas, se encontró aproximaciones a la corrupción en el ámbito de la «ética organizacional», donde se especifica que el rol de un líder de una organización es crucial en la institucionalización de la corrupción.
Sobre las «creencias y valores culturales», en los tres casos expuestos, se genera un particularismo. Es decir, la creencia fundamental de que el valor moral de las acciones depende del contexto, estando relacionado con una reducción del coste psicológico de cometer un acto corrupto, por no existir sanciones cuando estos delitos ocurren.
En particular sobre la «moral y normas percibidas», se observa la generación de conductas corruptas basadas en entornos percibidos como altamente corruptos. A su vez, sobre la «personalidad y variables relacionadas», se evidencian la falta de pruebas de evaluación psicológica, para ingresar a la administración pública en los distintos niveles jerárquicos. Excepto que sean concursos de alto nivel jerárquico.
Sobre las variables psicosociales, se encontró una relación entre los estudios científicos y la descripción de los casos de corrupción en los empleados públicos. En el «comportamiento de los iguales y las normas sociales», se desprende que el comportamiento deshonesto de los demás efectivamente puede influenciar la ética del observador de varias maneras. En particular, al no ser penalizadas, se repiten dichas acciones.
A su vez, es importante la «percepción del riesgo». Como factor de una ciudadanía más activa y participativa, con medios de comunicación con fuertes componentes investigativos, así como auditorías de la propia Contraloría. Esto ha generado mecanismos de alerta contra hechos de corrupción en las municipalidades. Esto releva la importancia del control social y legal que debe existir sobre las instituciones del Estado, sobre todo porque hay más de 365 municipalidades en el país.
El papel de las emociones
En virtud de lo descrito, el «papel de las emociones» se pone de manifiesto cuando los funcionarios públicos que quebrantaban una regla formal o informal se basan en el comportamiento de otros miembros de la organización. Esto genera un efecto negativo en las emisiones de los miembros de la organización y si, además, esta conducta es realizada primero por su líder, es aún más complejo.
La «ética comportamental» refiere a las posibles explicaciones de la pendiente resbaladiza de las conductas deshonestas. Según la cual la comisión de pequeñas conductas deshonestas de manera gradual y a lo largo del tiempo, lleva a las personas a cometer actos deshonestos en mayor escala en el futuro.
En las variables psicosociales, el «poder» es la más presente en los casos de corrupción expuestos. El poder que tienen de manera deliberada autoridades y funcionarios que son designados por un gobierno en particular. Ellos pueden manipular el contexto para sus beneficios personales.
En la misma línea, sobre las variables psicosociales, se evidencia la presencia de la «corrupción estructural» en los casos estudiados. Particularmente, en el vacío presente en la regulación interna de la organización (municipios y Gendarmería de Chile). Así como la falta de auditorías internas según lineamientos del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno.
Lo anterior, considerando que solo por medio de fiscalizaciones externas de organismos como la Contraloría o el Consejo para la Transparencia y medios de comunicación, salieron a la luz estos abusos de poder y corrupción gubernamental. Por tanto, son herramientas prácticas y claras que han evidenciado su capacidad de funcionar, como medio de control.
Propuestas a futuro
Sobre la base del análisis realizado en el presente artículo, se considera relevante que futuras investigaciones académicas y estrategias de prevención y corrección de la corrupción en una institución pública, privada o mixta, sean desarrolladas con base en el conocimiento científico. Que se definan planes, programas y proyectos que se orienten en las variables psicológicas y psicosociales estudiadas.
Se sugiere que toda propuesta de estudios empíricos que pongan a prueba las medidas anticorrupción existentes en el país consideren en sus marcos de referencia, una mirada multidisciplinaria. Uniendo los ámbitos jurídicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales, entre otros.
Se propone que los cargos públicos de «confianza política», que se encuentran exentos de los procedimientos del Servicio Civil y su «sistema de alta dirección pública», incorporen procesos básicos de reclutamiento y selección de carácter psicológico para sus candidatos al cargo.
Asimismo, se recomienda evaluar el conocimiento fundamental de las normas que regulan a la Administración Pública. Que se conjugue la selección con altas habilidades blandas y técnicas. Con el objetivo de dejar de politizar partidariamente los cargos de la Administración del Estado y su rol en lo público.
A su vez, se sugiere que los procesos de «capacitación en el sector público» deberían ser provistos como «mallas curriculares». Que articulen competencias para el desarrollo de las capacidades de los funcionarios públicos en ejercicio, con acceso a una «educación de formación continua».
Finalmente, se debe propender a incrementar los procesos de auditoría y control externo. Debiendo ampliar la dotación de funcionarios de la Contraloría General de la República, en particular en el área municipal.
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