Los estados financieros en el sector público pueden marcar la diferencia entre una gestión opaca y una verdaderamente transparente.
Cuando trabajas en el mundo de las finanzas públicas, sabrás de memoria que la Contraloría General de la República (CGR) de Chile exige que las entidades públicas presenten estados financieros y notas explicativas de acuerdo con la normativa vigente.
Que existen estados financieros que deben elaborarse y presentarse todos los años, completar las notas y cumplir con los principios NIC-SP. Incluso se dice que esto es muy importante para la toma de decisiones, el control y fiscalización y para demostrar los resultados de gestión de un servicio público.
Estados financieros en el sector público
Sin embargo, si los estados financieros contienen información tan importante para los directivos de un servicio, ¿por qué estos no son leídos ni se consideran para la gestión institucional?
Porque de lo contrario, no nos encontraríamos esto:
- Ingresos por percibir que no fueron registrados.
- La deuda flotante no se ajusta con la cuenta de apertura del año siguiente.
- Se evidencia que 11 de los 13 programas con recursos externos, fueron utilizados en gestión interna.
Está claro. En el mundo privado, el impacto y el uso de los estados financieros es muy distinto al mundo público. A nivel privado, los gerentes están permanentemente revisando los balances para medir la rentabilidad de su empresa, o si tienen liquidez para pagar sus obligaciones de corto plazo.
Ciertamente, en la mayor parte de las instituciones públicas a nivel central no existen las mismas necesidades, ya que los recursos mínimos para cumplir con su misión se encuentran asegurados en el Estado y desde luego, no se persigue la rentabilidad como objetivo principal.
¿Para qué sirven?
Entonces, volvemos a la pregunta inicial… ¿Para qué sirven los estados financieros en el sector público?
A nivel central, para identificar pagos por bienes o servicios no entregados o inexistentes. Para esto se analizan las discrepancias entre los fondos asignados y los que efectivamente se ejecutan.
También podríamos evidenciar que un servicio adjudica de forma sistemática a una misma empresa sin tener alguna justificación plausible. Esto revisando los pagos a proveedores recurrentes, sin licitación o con licitación fragmentadas.
Por último, podríamos observar firma de contratos plurianuales que no cuentan con un financiamiento claro, ya que los gastos comprometidos podrían exceder lo autorizado.
Es por ello por lo que es tan relevante que los directivos realicen un análisis y control de los estados financieros, ya que podemos anticiparnos a posibles fraudes, aumentar los niveles de transparencia y probidad en los servicios públicos que deben estar solamente destinados al bien común.
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