La corrupción pública se define como una administración que no busca el interés general sino el beneficio de una persona física o jurídica.
En la actualidad, la corrupción constituye uno de los principales problemas filosóficos, psicológicos, sociales, económicos y políticos, a nivel micro social y macro social.
El término “corrupción” se ha instalado en el ámbito académico, en la prensa y en la opinión pública en general, pero existe un alto grado de ambigüedad en cuanto a su significado.
¿Qué pensarían los filósofos modernos contemporáneos y posmodernos, si fueran ciudadanos chilenos y contemplaran la sociedad actual?
La interrogante es reflexionar que la ética, la moral y los actos de corrupción han sido debatidos por diferentes pensadores a lo largo de la historia de la humanidad, ofreciéndonos elementos claves para educar contra la corrupción pública y fomentar el pensamiento crítico.
En el caso hipotético que pudiéramos entrevistar a Kant, este gran filósofo enfatizaría que, para enfrentar los actos inmorales, se debe hacer uso de la razón pura, que por sí sola es práctica y proporciona al ser humano una ley universal que llamamos ley moral. Se activaría el imperativo categórico, una alarma para guiar las acciones de las personas.
Corrupción pública según la ley
En la misma línea, el imperativo categórico en el caso de los funcionarios/as públicas, sería la premisa: “se debe ser probo, y estar al servicio de las personas”, como indica la Ley 18.575. Específicamente, en su Artículo N° 3: “…su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas”.
La obra de Kant permite referirse a la filosofía de la Ética (o de la moral) como la crítica de la razón práctica. Es decir, el análisis de las posibilidades y las limitaciones del uso práctico de la razón. A modo de ejemplo, “todos los funcionarios/as públicos deben cumplir el Estatuto Administrativo”.
No cabe duda de que estamos muy lejos de esta utopía, al revisar el estudio realizado por el Consejo de la Transparencia el año 2018, que fue denominado “Diez Años, Diez Casos”. En él se evidencia cómo los actos de corrupción están enmarcados en contextos sociales, políticos y psicológicos, que fortalecen o debilitan estas acciones.
Desde la perspectiva del Derecho Administrativo, la corrupción pública se ha definido como una mala administración o un mal gobierno dolosos en el ejercicio de poderes públicos que no busca el interés general, sino el beneficio de una persona física o jurídica.
Por ende, en Chile la normativa jurídica, de prevención de la corrupción se guía por la Constitución Política de la República. En su Artículo 8º establece el principio de probidad de la función pública, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, la obligación de las autoridades del país de declarar públicamente su patrimonio e intereses, y el establecimiento de una ley orgánica que determinará los casos y las condiciones en que las autoridades deleguen a terceros la administración de los bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública (BCNC, 2018).
Abuso de poder
Esta realidad ha sobrepasado a todos los países. Y se ha normado con políticas de carácter internacional con el propósito de prevenir, frenar o controlar la corrupción. Las que están enfocadas principalmente en el sector gubernamental.
Por las razones descritas, partiremos señalando la definición más citada de corrupción, la de la organización no gubernamental Transparency International (2009). Señala que es el “abuso de un poder encomendado para beneficio personal”. Lo que pone énfasis en la conducta humana, siendo un fenómeno social y multidisciplinario.
Como muestra la definición del párrafo anterior, se puede reflexionar sobre las ideas del “superhombre”, propuesta por el filósofo Friedrich Nietzsche. Define a éste, como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su sistema de valores individual.
La corrupción gubernamental es un fenómeno social y que se encuentra en la palestra pública. Se refiere al mal uso de un cargo público para obtener una ganancia privada. Esto afecta directamente las políticas públicas a las personas más pobres y vulnerables, profundizando la desigualdad social (Svensson, 2005).
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